En las elecciones legislativas polacas celebradas el 25 de octubre de 2015, el partido Ley y Justicia (PiS) cosechó el 37,7% de los votos y 232 escaños que se traducen en una mayoría absoluta para el partido de Jaroslaw Kaczynski, la primera que tiene lugar en Polonia desde la caída del régimen comunista. El partido Ley y Justicia es una formación política de ideología nacionalista y conservadora, que se encuentra integrado a su vez en la Alianza de los Conservadores y Reformistas en el Parlamento Europeo. Así pues, la mayoría obtenida en las dos cámaras legislativas, le valió a Beata Szydlo, su candidata, para ser nombrada Primera Ministra por el Presidente de la República, Aderzj Duda (también perteneciente a Ley y Justicia y elegido Jefe de Estado en los comicios presidenciales de mayo del pasado año).
El líder del partido nacionalista-conservador Ley y Justicia (PiS), Jaroslaw Kaczynski (centro), habla a los medios tras las elecciones.
Quien dirige al país en la práctica es Jaroslaw Kaczynski, líder del partido Ley y Justicia, el cual ha construido y promovido un relato político basado en la revancha de una Polonia arruinada a través del cual pretende reorganizar las estructuras del propio Estado. Más allá de asumir como propias las preocupaciones económicas y sociales de los polacos, Jaczynski ha sido capaz de polarizar las divisiones ya existentes entre liberales y conservadores con el objetivo de obtener réditos políticos de ello, al igual que alentado con éxito teorías conspirativas en las que supuestamente estaría involucrada la Rusia de Vladimir Putin en el accidente del avión Tu-154 en 2010, que tuvo como consecuencia el fallecimiento de 90 personas, entre ellas la del Presidente de la República en aquel momento, su hermano gemelo Lech Kaczynski.
Los ejes fundamentales sobre los que se mueve la política del PiS son: potenciar la identidad nacional y religiosa, las tradiciones polacas, y reivindicar una soberanía socavada por Bruselas y Berlín. Consideran la democracia liberal imperante en occidente frágil y para hacer frente a los riesgos y enemigos actuales se debe construir un Gobierno que tenga la fortaleza necesaria y sea capaz de adoptar las medidas correspondientes para ello. Así mismo, los asuntos morales, culturales e históricos juegan un papel central en el discurso del PiS, valga como muestra de ello las declaraciones esperpénticas que realizó recientemente el Ministro de Asuntos Exteriores, Witold Waszczykowski, en las que consideraba que Polonia debe curarse de las amenazas que suponen «un mundo hecho de ciclistas y vegetarianos y que luchan contra los signos religiosos». Es más que evidente, que existe un rechazo frontal a los valores de occidente, y que en esa linea va tanto revisar la historia y la memoria colectiva como los relatos y símbolos que la constituyen, sin olvidarse de controlar los medios de comunicación públicos. Respecto a estos últimos, precisamente el Gobierno polaco ha decidido someterlos a reforma para que los cargos ejecutivos de los mismos dependan del propio Gobierno y no de un organismo independiente como venía ocurriendo hasta ahora, mermando así la independencia y la imparcialidad de los medios de comunicación de titularidad pública con el objetivo de que pasen a ser un instrumento más en manos del Ejecutivo. También las comunicaciones particulares de los ciudadanos estarán a partir de ahora más vigiladas, dado que el Gobierno ha otorgado a las agencias de seguridad y a la policía más capacidad para controlarlas. Por otra parte, se ha puesto al frente de los servicios de seguridad de Polonia a Mariusz Kaminski, condenado a tres años de prisión por abuso de poder, y que ha sido indultado por el Presidente de la República, además una nueva ley permitirá al Gobierno ocupar puestos clave de la Administración, colocando al frente de los mismos a quienes desee el Ejecutivo. Por último, el relato construido por PiS también se asienta en una lucha contra una élite tildada de heredera del régimen comunista, a la que se considera que tiene una importante red para influir en los asuntos políticos y económicos, de esta forma queda justificada la lucha del partido Libertad y Justicia contra la élite política y el establishment.
Manifestantes contra el Gobierno polaco, en las calles de Varsovia.
Además de las ya mencionadas, si hay una reforma que ha colmado el vaso de los despropósitos en estos meses, esa sin lugar a dudas es la del Tribunal Constitucional. Siguiendo con la práctica comenzada por el anterior Gobierno de Plataforma Cívica, principal partido de la oposición y hasta ahora en el poder, el actual Gobierno nombró más miembros del TC de los que le correspondían, cinco en lugar de dos. La cosa no quedo simplemente ahí, sino que el Tribunal se ha reformado para que las cuestiones sobre las que se deba pronunciar se resuelvan por orden de entrada en lugar de preferencia de la importancia del asunto. Así pues, las cuestiones que pudiesen surgir por la labor del Gobierno actual, tardarían años en ser juzgadas, por poner sólo un ejemplo de sus consecuencias.
El camino iniciado en Polonia recuerda inevitablemente al seguido por la Hungría de Viktor Orbán, ahora bien, existen diferencias sustanciales como para asegurar que vaya a triunfar en Polonia, donde la victoria electoral se debió más al colapso del Gobierno liberal que a un giro de la opinión social. De momento las reformas aprobadas ya por el Gobierno ultraconservador genera que más de un 50% de los polacos consideren que el Estado de Derecho esté en riesgo y las primeras protestas ya han tenido lugar.
Por su parte, la Unión Europea ya ha tomado cartas en el asunto a través de la Comisión. El pasado 13 de enero anunciaba esta en una extensa nota de prensa el inicio de las comprobaciones con el objetivo de verificar que el Estado de Derecho polaco no estaba en peligro. Las reformas legislativas, mencionadas anteriormente, llevadas a cabo en los medios de comunicación públicos y en el Tribunal Constitucional han sido el detonante. El procedimiento iniciado por la Comisión Europea se implantó en 2014 para proteger el Estado de Derecho en los países de la Unión, y hasta ahora no se había hecho uso de él. Este mecanismo contempla tres fases, la primera de ellas, la que ha puesto en marcha la Comisión, consiste en verificar la vulneración o no, de los principales fundamentos democráticos tras dialogar con el presunto Estado infractor. Si existiese incumplimiento, y este persistiese, la Comisión podría sancionar a Polonia suspendiendo su derecho a voto en el Consejo de la Unión, como así recoge el artículo 7 del Tratado de la Unión.
Mientras, el pasado 19 de enero, tenía lugar en el Parlamento Europeo (en su sede de Estasburgo), una sesión en la que la situación polaca fue objeto de debate. En ella participó la Primera Ministra, Beata Szydio, que aparentemente se ha mostrado dispuesta al dialogo. Por su parte, Viktor Orbán, como no podía ser de otra forma, ya se ha manifestado en contra de cualquier sanción a Polonia.
Artículo publicado en Debate21.es