Cataluña y la quiebra de los consensos del 78


La situación actual de Cataluña debe ser enmarcada en un tiempo y en un momento político y social determinado. La crisis económica y financiera, sumada a la crisis territorial del Estado que tiene su máximo exponente en la cuestión catalana con la situación iniciada con la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010 (tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el Estatuto de Autonomía de 2006 y acompañado de una campaña de recogida de firmas por todo el territorio del Estado), ha terminado por traducirse en una crisis de legitimidad de las instituciones políticas españolas sobre Cataluña a las que el sistema político del 78 ni ha sabido ni es capaz de ofrecer soluciones.

Si el 15-M sentó las bases de un discurso contrahegemónico que propició cambios culturales en las percepciones y en las explicaciones de lo que sucedía, de los por qué, del quién es responsable de ello y de la necesidad de buscar alternativas, eso en Cataluña lo ha terminado haciendo la cuestión soberanista ofreciendo un relato y un camino alternativo al sistema político vigente desde la transición. Lo hace a través de una narrativa construida en el eje abajo-arriba, donde la capacidad de decidir del pueblo catalán se encuentra oprimida por el Estado español, que a su vez es incapaz de dar respuestas y explicaciones a las demandas, produciéndose así una saturación y posterior colapso. Es ese “ellos” del cual se persigue su destitución, el que constituye el Estado español al que se culpabiliza de toda la situación y que encuentra sus máximos exponentes narrativos en ejemplos tan gráficos como el “Espanya ens roba”.

Si en otros movimientos nacional-populares existe un amplio sector social que se siente excluido del sistema, que sufre una crisis de expectativas y que les impiden cumplir sus objetivos vitales de realizarse y tener el nivel de vida y bienestar esperado,  convirtiéndose así en ciudadanos descontentos con la gestión política, que buscan responsables, y que a su vez sienten, que la legitimidad y el consenso dinámico que existía en nuestra sociedad ha quebrado. Todo ello es sustituido en la cuestión catalana por la cuestión identitaria y el agravio que consideran que sufren como territorio, donde la patria, o mejor dicho, la nación, es un concepto ganador, y lo es en tanto que es altamente transversal, ya que no entiende de ideologías, ni clases sociales, sino tan solo de pasiones y vinculaciones afectivas, que se ve potenciado por otro concepto como es la soberanía.

Cataluña está viviendo así su particular momento populista. El independentismo catalán es una expresión del mismo y es visto por parte de la población como una opción de ruptura democrática. Si la indignación social que provocó la crisis económica llevó a la aparición de nuevas fuerzas políticas en España y en otros países del sur de Europa, en Cataluña ese malestar se canalizó hacia la cuestión territorial con la formación de la Asamblea Nacional Catalana en 2011, que tan sólo un año después levantaría la bandera del independentismo en la multitudinaria manifestación de la diada. También la participación por primera vez de la CUP en unas elecciones autonómicas en 2012, debe enmarcarse en este contexto.

Si hay una parte del independentismo catalán claramente con un sentimiento de superioridad y con un componente central que versa sobre lo económico y la falta de solidaridad interterritorial en el Estado español, hay otro que ve en la independencia de Cataluña una oportunidad de iniciar un proceso constituyente, al igual que en el resto de España lo veían en Podemos sus votantes. A diferencia de lo que ocurre con la izquierda española, la catalana si ha hecho de la cuestión nacional un eje de su discurso aunque ello le lleve en ocasiones a contradicciones. Eso explica principalmente el papel que desempeña en el proceso ERC.

Por otro lado, la antigua Convergencia que en la época de Jordi Pujol practicaba un suave nacionalismo burgués, reivindicaba entonces la cuestión catalana a la vez que era protagonista clave del sistema político español al que dotaba de estabilidad con su papel en Cataluña y su juego de pactos en Madrid, ahora, se ha alejado de esa posición desde la salida de Pujol y la elección como líder de Artur Mas. La pérdida de apoyo electoral desde 2010, con especial incidencia en 2012, cuando pasó de 62 a 50 escaños, ha producido un viraje oportunista de la derecha catalana que ejecutaba los recortes sociales desde el gobierno de la Generalitat durante los años más duros de la crisis, mientras le afloraban los casos de corrupción por el famoso “3%” que ni el cambio de nombre de CDC por PDECat ha conseguido que se olviden.

Si en el Estatuto de Autonomía de 2006 el referéndum era el punto final de llegada, la posterior sentencia del TC ha provocado que ese camino recorrido de pacto y toma de decisiones entre el parlamento catalán y el congreso de los diputados que aprobó el Estatuto y que posteriormente votaron los ciudadanos catalanes, ya no sea contemplada como una opción política válida a escoger para buena parte de la sociedad de Cataluña, que ahora toma el referéndum como punto de salida y no de llegada.

Ahora bien, si se acostumbra a decir en los últimos tiempos que hay una España de cambio que no llega, y otra que no acaba de irse, en Cataluña sucede algo similar, al no existir una mayoría clara que demande la independencia, al igual que no existe una mayoría constitucionalista o unionista. Ambos bloques monolíticos y polarizados no tienen fuerza suficiente para imponerse al otro. Pero lo que si existe, es una amplia mayoría social que sí está a favor de que tenga lugar la votación.

Frente a el inmovilismo que ha protagonizado el gobierno central, actuando como fuerza política de contención ante los cambios que demandaba la sociedad, tanto en la cuestión catalana como en el resto de ámbitos políticos y sociales de España, y frente a quienes pretenden la ruptura territorial como camino a seguir, cabe contraponer a una tercera vía, que en el asunto territorial articule un sistema federal, a la vez que desarrolla las reformas profundas y necesarias a nivel estatal que en la práctica acaben siendo constituyentes para todo el Estado. Es precisamente esta vía, la que contendría una reforma de la Constitución que tuviese que ser votada en referéndum y que recompusiese los consensos quebrados en los que Cataluña también era parte.


Artículo publicado en Debate21 y El Confidencial.


Acerca de Eduardo Bayón

Eduardo Bayón (Gijón, 1986), es politólogo y abogado. Graduado en Ciencias Políticas y Administración y Máster en Derechos Fundamentales por la UNED; Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, así como Experto Universitario en Relaciones Institucionales y Protocolo. Especializado en comunicación política, sistemas políticos, partidos y asuntos electorales. Es además colaborador habitual en diferentes medios de comunicación, escritos y radiofónicos.

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