La actual Constitución, surgida en plena transición política española, fruto del consenso entre los diferentes partidos políticos con representación parlamentaria, ha otorgado al país el mayor periodo de estabilidad política de la historia de este. Ahora bien, la Constitución de 1978 surgió en un contexto determinado, que no era otro que la transición política española (1975-1982), que consistió en el paso de la dictadura franquista a un sistema democrático homologable a los que ya existían en nuestro entorno más próximo, es decir, a los países de la entonces denominada como Comunidad Económica Europea. Pero en esta transición, en la que se sustituyó un sistema dictatorial, por un sistema de democracia representativa, los poderes económicos y sociales, pertenecientes a una oligarquía, se vieron inalterados. Por lo tanto, el cambio económico y social nunca llegó a materializarse de forma concreta.
La Constitución española celebra su 36º aniversario en plena crisis territorial con la propuesta independentista de Cataluña que ha tenido su máximo exponente en el ensayo de consulta del 9 de noviembre.
Treinta y seis años después, solo un tercio de los españoles de hoy pudieron refrendar la Constitución, la misma que solo ha recibido dos reformas puntuales impuestas desde el exterior, por lo que puede considerarse inédita. Una de las funciones clave de una constitución debe ser adecuarse a las necesidades de la comunidad política que ordena.
Los tiempos han cambiado, lo que hace más de treinta y seis años eran las decisiones acertadas o válidas, no lo tienen porque seguir siendo hoy. Se hace necesaria una profunda reforma de las Cortes Generales, y en especial del Senado, para que se haga en él la tan ansiada reforma que lo convierta en una verdadera cámara territorial. Así mismo, es necesario establecer una iniciativa legislativa popular, que actualmente se contempla en la recogida de 500.000 firmas para poder ser presentada (sin que ello asegure ni siquiera la admisión a trámite), una cantidad que a todas luces resulta excesiva y más si se compara con países como Suiza o Italia, o también con la propia Unión Europea. Por todo ello se hace imprescindible la introducción de mecanismos de referéndum que involucren aún más al ciudadano en la participación política.
Además, debe ser requisito ineludible blindar el Estado de Bienestar, especialmente para que los derechos relativos a educación y sanidad no se vean recortados por los gobiernos de turno, por lo tanto, se ha de convertir en verdaderos derechos fundamentales, y no ser simples principios inspiradores para el legislador, los principios contenidos en los artículos relativos a derechos sociales como el derecho a la protección del desempleo (artículo 41), el derecho a la sanidad pública (artículo 43), la vivienda digna (artículo 47) y las pensiones (artículo 50).
No debemos olvidarnos de la última cuestión que el poder legislativo debe abordar ya, que no es otra que el sistema autonómico, así como su financiación y delimitación de competencias. Esta cuestión pasa de forma imprescindible por la configuración de un estado federal aceptado por todos.
Debemos tener presente que la crisis económica, política y social que sufrimos, ha dinamitado por los aires todo el orden establecido que conocíamos. Y es aquí, cuando se debe decidir cuál de los dos caminos posibles es el más apropiado para lograr lo anteriormente expuesto. Por un lado está la mera reforma constitucional, consistente en una revisión de la Constitución para que ésta siga vigente, por el otro tenemos la vía de abrir un proceso constituyente, que no es solo un proceso formal de redactar una nueva constitución, sino la re-politización de la ciudadanía, consistente en dar el poder a los ciudadanos para articular unas nuevas reglas de juego que redefinan desde la mayoría social los poderes del Estado, las relaciones entre ellos y con los ciudadanos, y las relaciones con los poderes económicos, y que supere de esta forma los consensos entre las élites de los actores políticos del pasado.
Lo que está claro a estas alturas, es que existe una ruptura del consenso constitucional por parte de la ciudadanía que se materializa en el descenso más que evidente de satisfacción con nuestra carta magna y que comenzó incluso antes de la crisis económica.
Publicado en Asturias24