El Partido Popular ha puesto sobre la mesa lo que se supone que será un paquete de medidas sobre regeneración democrática, o quizás decir que ha puesto sobre la mesa sea mucho decir, porque la única reforma concreta que ha realizado es la de la elección directa de los alcaldes. La idea no es ni mucho menos nueva, siempre ha estado en el panorama político nacional la cuestión de que debe gobernar la lista más votada, el PSOE ya en su día la llevó en su programa electoral con un sistema de dos vueltas, y ahora es el PP, quien interesadamente, ante la debacle y pérdida de ayuntamientos que se avecina, ha decidido recuperarla a menos de ocho meses de las elecciones municipales.
El PP, que con su mayoría absoluta se bastaría de sí mismo para reformar la LOREG (y también la Ley de Bases del Régimen Local si lo considerase necesario), no ha definido aún la reforma que pretende llevar a cabo, y que deja abierta a futuras negociaciones, después del rechazo general que ha causado en un primer momento. Esta ansia repentina de reformar el sistema electoral municipal, bajo la excusa de las reformas democráticas que demanda la calle, parece reflejar precisamente poco las exigencias ciudadanas, pues, es bien sabido, que tanto la rendición de cuentas, como una democracia más participativa a nivel local, poco tienen que ver con la forma en la que se escojan a nuestros alcaldes, cuestión que influye más en la competición política o en los propios partidos en sí.
Esta reforma totalmente improvisada, de la que no se tiene ni idea de lo que busca, más allá de los propios intereses partidistas que parecen deducirse, carece completamente de unos mínimos por los que empezar a negociar con otras fuerzas políticas. Lo único que se busca mediante la citada reforma, es precisamente evitar gobiernos de coalición, como si esto supusiese un avance o un retroceso en la calidad democrática del ayuntamiento, un alcalde más o menos cercano, o más o menos legítimo. En estos términos la reforma resulta de una inutilidad absoluta.
Por otra parte, hacer gala de un populismo semejante, aludiendo a quegobierne la lista más votada, con el único objetivo de implantar un cambio de modelo que camine hacia un sistema mayoritario, resulta a todas luces irresponsable, y más cuando se trata de cambiar las reglas de juego a escasos meses de las elecciones. En ningún caso, de producirse la reforma, esta debiera ser aprobada por el Partido Popular en solitario, ni entrar en vigor hasta después de las elecciones municipales de 2015, porque entonces, no solo se estarían cambiando las reglas de juego, sino que lo que estaría haciendo el PP sería romperlas, aprovechándose de su mayoría absoluta en un momento determinado, para cambiar una ley electoral con el único objetivo del beneficio propio.
Publicado en Asturias24