Asturias supera la mitad de la legislatura y se prepara para afrontar los retos pendientes tras este último año marcado por la pandemia. Con la mitad de la población ya vacunada —al menos inyectada la primera dosis— la región lidera a nivel nacional el ritmo de vacunación.
Para el ejecutivo encabezado por Adrián Barbón —al igual que para el liderado por Pedro Sánchez en España— la legislatura arranca ahora. Una vez que comienza a verse la luz al final del túnel, el Gobierno autonómico se enfrenta a la necesidad de impulsar la economía asturiana tras haber resuelto de forma positiva la crisis sanitaria.
La desindustrialización que asoló a Asturias en las últimas décadas, el desafío demográfico y territorial, las dificultades de los jóvenes para desarrollar su proyecto vital y profesional en la región, y la transición ecológica, suponen severos desafíos que requieren ser afrontados de forma inmediata. Urge diseñar un modelo alternativo que transforme a Asturias para superar los problemas estructurales que sufre.
A su vez, el Gobierno asturiano debe potenciar su voz propia en el marco del Estado para dar respuesta a estas cuestiones. De momento, contará con la inestimable ayuda de los Fondos de Recuperación Europeos, para los cuales se manejan ya casi doscientos proyectos que ascienden a un valor total de 6.500 millones de euros.
En el plano territorial, el ejecutivo busca materializar la reordenación a través de la división en áreas funcionales, además de intentar la culminación —por tercera vez— del área metropolitana. Ambos son los ejes centrales de la futura ley de ordenación integral del territorio, que ya se encuentra en periodo de consultas previas.
Otro de los frentes abiertos por el Gobierno asturiano es la necesidad de impulsar el resto de proyectos de ley anunciados que aún no han sido llevados al parlamento. La alteración de los plazos que manejaba el ejecutivo ha venido motivada por la crisis sanitaria, lo que no le ha eximido de recibir diversas críticas de la oposición en torno a esta cuestión.
Coincide esta parálisis legislativa con la poca iniciativa que presentan los grupos parlamentarios, que se podría calificar como mínima y testimonial. Una cámara compuesta por siete grupos en la que los debates políticos muchas veces resultan encorsetados. A esto se suma la situación interna y particular de cada uno de los partidos, en los que no se atisba alternativa potencial a la hegemónica FSA.
El PP adolece de las habituales limitaciones de la derecha asturiana para construir un proyecto potencialmente ganador. Ciudadanos avanza en su proceso de descomposición a nivel nacional, mientras que el parlamento regional han sido incapaces de consolidar ningún liderazgo tras haber tenido tres portavoces en dos años. Por su parte, a la izquierda del PSOE se sigue viviendo cierta anomalía debido a la falta de confluencia entre Podemos e Izquierda Unida que, además, cuentan con estrategias políticas dispares en cuanto a la facilidad para llegar a acuerdos con el Gobierno.
El ecuador de los cuatro años de mandato de Barbón ha coincidido con la celebración del 25 de mayo. La conmemoración de los acontecimientos sucedidos hace más de dos siglos cuando se produjo el alzamiento en Asturias contra la ocupación francesa que habían protagonizado las tropas napoleónicas y que culminó con la proclamación de la Junta Suprema, que supuso el reconocimiento de la soberanía popular, pone en la palestra una de las cuestiones identitarias que están presentes ahora mismo en el debate político asturiano. La potencialización de la efeméride del 25 de mayo —cuestión ya presente cuando se elaboró el Estatuto de Autonomía como fecha alternativa para el día de Asturias— tiene el fin de dotar a la identidad regional de un mito fundacional transversal de carácter político e histórico, en detrimento del 8 de septiembre de marcado carácter religioso.
La otra cuestión relativa a la identidad asturiana se encuentra en la aspiración de que el asturiano se convierta por fin en idioma cooficial. Las previsiones que se manejan establecen los últimos meses de este año para iniciar la reforma estatutaria que incluiría la oficialidad de la llingua. Esta propuesta era uno de los compromisos electorales de los socialistas, después de que modificasen su postura al respecto en el Congreso de la FSA en el que Barbón resultó elegido secretario general. Reforma para la que se necesitan 27 votos, que se alcanzarían con la suma de los veinte del PSOE, los cuatro de Podemos, los dos de Izquierda Unida y el del diputado forista Adrián Pumares.