El partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS) ha ganado las elecciones legislativas polacas celebradas este domingo. El partido Jaroslaw Kaczynski obtiene el 43,8% de los votos y 235 escaños en el Parlamento, por delante del centro-derecha liberal que representa la Coalición Cívica (KO) que se queda con un 27,2% de los sufragios y 134 diputados. La alianza de izquierdas Lewica ha logrado el 12,5% y 49 asientos en un hemiciclo al que regresa el centro-izquierda tras estar ausente la última legislatura.
El Partido Campesino (PSL), que concurría a las elecciones junto al antisistema Kukiz’15, obtiene el 8,5% de los votos. Por último, consigue entrar la extrema derecha de Konfederacja (Confederación) con un 6,8%. Pese a la victoria electoral en la cámara baja, el PiS pierde el Senado, que también controlaba en la anterior legislatura. La participación ha sido del 61,1%, la más alta desde los primeros comicios celebrados en 1989 (62%) tras la caída del régimen comunista.
El PiS mejora sus resultados con respecto a la pasada legislatura, cuando logró el 37,6% de los votos y 235 escaños. Mateusz Morawiecki, actual primer ministro, logra mantener el poder para el partido que tutela Kaczynski. La Coalición Cívica, liderada por Malgorzata Kidawa-Blonska, de Plataforma Cívica (PO), y que se presentó en coalición con Los Verdes, Nowoczesna e Iniciativa Polaca, liderará la oposición.
Los polacos revalidan el poder y el giro ultraconservador, nacionalista y ultracatólico emprendida por el PiS, que ha encabezado las encuestas desde el principio, favorecido por la buena situación económica de un país que no ha dejado de crecer. Todo ello sumado a la falta de fuerza de una oposición, que no ha sabido sacar reedito electoral al autoritarismo del PiS. El nombramiento tardío de Kidava-Blonska como líder de la coalición opositora, el pasado septiembre, redujo sus opciones al máximo al no reducir a tiempo el desconocimiento que de ella tenía la población.
La sexta economía de la Unión Europea continuará así con los ultraconservadores en el poder. El país ha pasado en la última legislatura por una crisis institucional en la que han peligrado parte de derechos fundamentales básicos como la libertad de prensa o el propio Estado de Derecho a través de una reforma judicial que buscaba el control de los jueces y magistrados por parte del ejecutivo, a la vez que se desafiaba en reiteradas ocasiones a la Unión Europea. En lo ideológico, ha primado un discurso antinmigración, homófobo y en contra de los derechos de la mujer, especialmente el aborto.
Han ejercido este retroceso de libertades con una política social que otorga 100 euros al mes por cada hijo hasta los 18 años. También ha suprimido en las últimas semanas el impuesto sobre la renta para los menores de 26 años. Se conjuga así un discurso nacional-popular ultraconservador con medidas económicas que han atraído a buena parte del electorado como han reflejado las urnas este pasado domingo.
Artículo publicado en Debate21.es