Cada año, el V-Dem Institute de la Universidad de Gotemburgo publica la mayor radiografía empírica de la democracia mundial. Su décima edición —titulada Unraveling The Democratic Era?— ya no suena a pregunta retórica. Un dato que vertebra el informe, el que debería ocupar portadas y no solo congresos académicos, es este: en un solo año, la puntuación de EE. UU. en el Índice de Democracia Liberal ha caído un 24%, pasando del puesto 20 al 51 entre 179 países.
El nivel registrado equivale al de 1965, el año en que se aprobó la Ley de Derecho al Voto. Sin embargo, la simetría numérica engaña: los problemas que entonces arrastraban esa cifra a la baja y los que la arrastran ahora son radicalmente distintos. Entender esa diferencia importa más que el dato en sí.
Lo que se demolió y quién lo permitió
En los años sesenta, el déficit democrático estadounidense era un problema de exclusión: millones de ciudadanos negros carecían de derechos básicos. El Estado era insuficiente, no depredador. Las leyes de Derechos Civiles (1964) y la ya citada de Derecho al Voto (1965) ampliaron el perímetro de la democracia. Fueron el fruto de décadas de organización colectiva, de movimientos sociales que presionaron desde abajo hasta que las instituciones cedieron. Lo que ocurre en 2025 es el movimiento inverso: no se trata de incluir a quienes estaban fuera, sino de desmantelar las protecciones de quienes estaban dentro. Y se cuenta tanto con la acción del Ejecutivo como con la aquiescencia activa de quienes deberían impedirlo.
«Los derechos civiles y la igualdad ante la ley caen a mínimos de sesenta años. La libertad de expresión toca su punto más bajo desde la Segunda Guerra Mundial»
Un dato clave está en los parámetros que se han hundido y los que resisten. En solo un año, las restricciones legislativas al Ejecutivo pierden un tercio de su valor —el nivel más bajo en más de un siglo—. Los derechos civiles y la igualdad ante la ley caen a mínimos de sesenta años. La libertad de expresión toca su punto más bajo desde la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, el componente electoral se mantiene estable, aunque con un matiz decisivo: esos indicadores solo se reevalúan en años de elecciones, y los de 2025 aún reflejan los comicios de 2024. Lo que se ha roto no es el acceso al voto. Lo que se ha roto es todo lo que hace que el voto valga algo.
Más rápido que Orbán, Modi o Erdoğan
Lo excepcional del caso estadounidense no es solo la magnitud, sino la velocidad. Lo que a Viktor Orbán le llevó más de cuatro años en Hungría, a Aleksandar Vučić ocho en Serbia y a Narendra Modi o Recep Tayyip Erdoğan cerca de una década, Donald Trump lo ha conseguido en apenas doce meses. Desde el año 2000, solo seis países han sufrido caídas anuales mayores en el índice. Cinco lo hicieron tras golpes de Estado militares; el sexto, mediante un autogolpe: Túnez en 2022, bajo Kais Saied. Que la mayor democracia del mundo occidental se sume a esa categoría estadística no debería provocar solo preocupación académica.
«Es la paradoja de una democracia tan confiada en su propia solidez que nunca imaginó que un partido entero pudiera volverse contra ella»
¿Cómo explicar semejante velocidad sin tanques en las calles? La respuesta está en una combinación de factores: un partido que ha mutado hacia el nacionalismo antiliberal; un sistema bipartidista que traduce esa mutación en poder institucional sin contrapeso; y una arquitectura constitucional que solo funciona si todos los actores aceptan las reglas. Cuando uno de los dos partidos decide que las reglas son opcionales, el sistema se queda sin anticuerpos. Es la paradoja de una democracia tan confiada en su propia solidez que nunca imaginó que un partido entero pudiera volverse contra ella. Una democracia que, además, nunca terminó de resolver sus deudas históricas —de raza, de clase, de representación— y que ahora ve cómo esas grietas son explotadas con precisión.
Un Congreso que abdica
El informe documenta cómo el Congreso republicano ha renunciado a su función de contrapeso. La supervisión legislativa del Ejecutivo ha caído a niveles que V-Dem describe como una situación en la que resulta «improbable que el Congreso cuestione o investigue cualquier actividad inconstitucional del Ejecutivo». El contraste es elocuente: mientras Trump ha firmado 225 órdenes ejecutivas —incluida la eliminación de agencias creadas por ley—, el Congreso lleva aprobadas apenas 79 leyes en toda la legislatura, la mayoría de escaso alcance.
La Administración ha asumido además el «poder de la bolsa» consagrado en la Constitución, cancelando fondos federales de forma unilateral. Se han cesado inspectores generales en al menos 17 agencias y más de 300.000 empleados federales han abandonado el Gobierno. No se trata solo de un Ejecutivo que desborda al Legislativo, sino de un Legislativo que se deja desbordar. La distinción importa, porque revela dónde está la complicidad y dónde la impotencia. Y revela también algo más profundo: que el republicanismo contemporáneo ha decidido que el control del Estado vale más que el Estado mismo.
La libertad de expresión como primer objetivo
V-Dem confirma un patrón recurrente en todas las autocratizaciones contemporáneas: la libertad de expresión es siempre la primera en caer. Tiene su lógica, en tanto que controlar la narrativa es la condición previa para controlar el poder. En EE. UU., todos los indicadores de este componente registran deterioros sustanciales. Reporteros sin Fronteras documenta detenciones de periodistas, recortes a la radiodifusión pública y la eliminación de programas de monitorización de la desinformación.
«Es el mecanismo clásico del autoritarismo contemporáneo: no hace falta prohibir, basta con hacer que la disidencia resulte económicamente inviable»
La ofensiva alcanza también a las universidades. La Administración ha empleado la financiación federal como palanca para obligar a los campus a desmantelar programas de diversidad. Varias instituciones han cedido para evitar la asfixia presupuestaria. Es el mecanismo clásico del autoritarismo contemporáneo: no hace falta prohibir, basta con hacer que la disidencia resulte económicamente inviable. El mercado como instrumento de disciplina política; la financiación pública como herramienta de control ideológico. Una paradoja que merece ser nombrada: la misma derecha que predica contra el intervencionismo estatal lo ejerce sin pudor cuando el objetivo es silenciar al adversario.
2026: la última línea
El componente electoral aún no muestra deterioro real, pero V-Dem advierte señales de alarma de cara a las elecciones de medio mandato de 2026. El Departamento de Justicia ha solicitado los registros electorales de casi todos los estados y ha demandado a más de 29 que se negaron —casi todos gobernados por demócratas—, en un intento sin precedentes de construir una base de datos electoral nacional. Trump ha firmado una orden ejecutiva que impone requisitos de ciudadanía, nuevos estándares para las máquinas de votación y restricciones al voto por correo, sin aprobación del Congreso; parte de ella ha sido bloqueada por los tribunales, pero el resto sigue en disputa. Mientras tanto, cerca del 40% de los responsables electorales del país ha abandonado su puesto desde 2020, según distintos estudios, víctimas del acoso, las amenazas y el agotamiento que siguieron a la Gran Mentira. Cuando quienes administran las elecciones dimiten o son reemplazados, el problema deja de ser procedimental: se convierte en estructural.
Si el componente electoral cae, caerá el último muro. Y, a diferencia de los contrapesos legislativos —que requieren la voluntad política de un partido que ha decidido no ejercerla—, la integridad electoral depende ahora de miles de funcionarios locales y de tribunales estatales que aún conservan margen para resistir. Son, por el momento, la última línea. No es un dato tranquilizador.
Lo que miramos desde Europa
V-Dem ofrece un dato que debería leerse como señal de urgencia: el 70% de los episodios de autocratización de la tercera ola han sido revertidos. Brasil lo logró con Lula en 2022. Polonia con Tusk en 2023. En ambos casos, la oposición se unificó, construyó un relato y ganó en el primer ciclo electoral disponible. La pregunta es si EE. UU. —con su bipartidismo rígido, su Colegio Electoral, su gerrymandering sistémico y un Partido Demócrata que aún no ha encontrado ni su voz ni su proyecto— puede hacer lo mismo.
«España aparece como democracia liberal, en el puesto 21, sin episodio en curso, pero Portugal acaba de entrar en la lista de vigilancia»
Con todo, el informe no trata solo de EE. UU. Documenta 44 países autocratizándose simultáneamente, el 74% de la población mundial viviendo bajo regímenes autoritarios y una tercera ola que supera en extensión a la de los años treinta. Entre los nuevos autocratizadores hay cinco países europeos: Croacia, Italia, Eslovaquia, Eslovenia y el Reino Unido. España aparece como democracia liberal, en el puesto 21, sin episodio en curso, pero Portugal acaba de entrar en la lista de vigilancia. Y si algo demuestra el caso estadounidense es que la solidez institucional no es un seguro de vida: es una hipótesis que hay que verificar cada día.
La democracia es exactamente tan fuerte como la disposición de sus actores a defenderla. Cuando un partido decide que el poder importa más que las reglas, cuando un parlamento renuncia a su función, cuando los medios se autocensuran por supervivencia económica, la arquitectura constitucional se convierte en decorado. Lo que ocurre en Washington no es un accidente ni una anomalía: es la consecuencia lógica de décadas de erosión deliberada de lo público, de descrédito de las instituciones y de captura del Estado por intereses que nunca ocultaron sus objetivos. El problema no empezó con Trump. Pero con Trump ha llegado más lejos que nadie imaginaba posible.
Artículo publicado en Agenda Pública (21/03/2026).