La fase final de la campaña electoral ha evidenciado el último cambio estratégico del Partido Popular. Los conservadores han realizado un llamamiento desesperado a la movilización y al voto útil para frenar la pérdida de electores hacia Vox y la abstención. Esto se produce tras varias semanas en las que las expectativas electorales de los populares solo han descendido. El temor al previsible desgaste que puede conllevar un mal resultado para la dirección nacional que encabeza Pablo Casado (aunque se conserve el Gobierno autonómico) ha encendido todas las alarmas en las filas populares.
Esta desmovilización del PP se viene mostrando en diferentes sondeos. El CIS detectaba en enero que un 79,3% de antiguos votantes del PP en Castillas y León tenían pensado votar con toda seguridad en la cita electoral autonómica. Este dato descendió hasta el 75,8% durante la primera semana de la campaña. 40dB en su barómetro para El País también evidenciaba una menor movilización entre el electorado del popular, quienes aparecían, a su vez, con el peor dato en tasa de fidelidad y siendo superados por el PSOE en intención directa de voto. Por último, Predi viene mostrando una trayectoria negativa para el PP, al haber pasado de pronosticarles 35 a 32 escaños en las últimas dos semanas.
A esta falta de activación del electorado conservador y al llamamiento constante del PP para que sus votantes acudan a las urnas, se ha sumado la hipótesis de que una baja participación pueda propiciar un vuelco electoral. Distintos medios de comunicación de ámbito conservador se han hecho eco de esto. Estamos ante un intento claro de alertar sobre un cambio de color en el Ejecutivo de Castila y León que propicie una mayor tensión en los potenciales votantes del PP con el objetivo de impedir un fracaso de sus expectativas. En este sentido, Endika Núñez, analista de datos y creador de The Electoral Report, rechaza este postulado al indicar que «no está claro que una bajada de la participación vaya a mejorar los resultados de la izquierda. Todas las fuerzas estatales tienen una tasa de «votantes seguros» bastante similar, excepto Ciudadanos». Sobre esta misma cuestión, Alberto López, doctor en Ciencia Política y director de Predi, afirma que «no hay dudas sobre las filtraciones, estas son siempre interesadas y vienen de partidos que perciben cierto peligro de caer por debajo de sus expectativas en las elecciones. El caso es más grave cuando estos comentarios no se realizan solo desde los propios partidos, sino de profesionales demoscópicos que con su bata de expertos actúan como activistas en favor de un partido. Se debería no confundir la información sobre datos, rigurosa y útil para decidir el voto, de los intentos de incidir en la opinión pública con información tendenciosa».
El activismo político se mezcla así con la presentación de encuestas encargadas por los propios partidos. Todo ello, en unas elecciones autonómicas que por primera vez en la historia se celebran de forma anticipada (para una legislatura de cuatro años) sin estar acompañadas de una urna municipal y en un contexto en el que la pandemia sanitaria sigue presente. La ausencia de comicios locales ha provocado algo que a posteriori puede resultar determinante para la abstención. Muchos pueblos no contarán con mesas electorales, al contrario de lo que viene siendo habitual cuando las elecciones autonómicas y municipales coinciden. En relación a esto, Alberto López indica que «los votantes del PP y PSOE, más envejecidos, son los que más difícil van a tener desplazarse hasta las urnas. Pero también son los más leales. Ven el hecho de votar como una obligación. El resto de partidos seguramente tenga un electorado más joven, más proclive en ocasiones al «voto expresivo», es decir, apoyar a un partido pero solo de boquilla, sin el voto. Lo que ocurre es que en estas elecciones se percibe una especial movilización ascendente en este tipo de formaciones, sobre todo en Vox y las plataformas provinciales».
El domingo 13 de febrero saldremos de dudas. Hace menos de tres años el PSOE se convirtió en primera fuerza política gracias al impulso que supuso el triunfo de Pedro Sánchez en las elecciones generales de abril de 2019. En aquella ocasión, la participación en los comicios autonómicos superó el 65% (41% en el primer dato de las dos de la tarde). Con todo más abierto de lo esperado, las elecciones en Castilla y León marcan el arranque de este nuevo ciclo político. Unos comicios a los que les seguirán las andaluzas. Diferentes contiendas electorales que se encuentran lejos de la pretensión de la dirección de Génova 13 de crear la sensación y el relato de que el tiempo del Gobierno progresista se ha terminado.
Artículo publicado en el diario Público.